La ley de amnistía de Echeverría
El aumento de la presencia femenina en la Liga Comunista 23 de
Septiembre hace que a partir de 1976 ellas participen más en las riesgosas
“repartizas” de propaganda en las zonas fabriles. En mayo de 1976 la Liga
elabora, por primera vez por escrito, un “Plan Nacional de Trabajo” en el que
prioriza crear comités obreros clandestinos en sectores que consideraba
estratégicos, como el ferrocarrilero, el metalúrgico y el de los obreros de la
construcción. La organización había intensificado la distribución de su
material ideológico en industrias como Altos Hornos de México, Campos Hermanos,
Spicer, Consorcio Industrial, pues en el documento reconocía que el
proletariado fabril era la minoría en sus filas. Éste tenía, además, un atraso
teórico y militar “bastante grave”.
Las mujeres de la 23 también tienen participación en el combate frontal
contra los policías. El día del aniversario de las ejecuciones de Teresa y
Mariano en Ciudad Universitaria, un comando con una mujer que llevaba oculta
una metralleta debajo de un rebozo, a modo de un bebé cargado en brazos, balea
una caseta de la policía auxiliar en Ciudad Azteca. El saldo es de seis
policías muertos y cuatro heridos. Otra mujer participa como “muro” o vigilante
del ametrallamiento contra nueve policías que desayunaban en un restaurante de
la colonia Lindavista en la ciudad de México, noticia que ocupa la primera
plana de La Prensa con el titular “Masacre terrorista”.
Al tiempo que aumenta la vulnerabilidad de las guerrilleras en acciones
armadas, la Liga incursiona en el recurso de secuestrar mujeres, familiares de
hombres encumbrados. Primero secuestra a Nadine Chaval, de 16 años, hija del
embajador de Bélgica en México, André Chaval, de quien obtienen 10 millones de
pesos; luego a Socorro Soberón Chávez, hija del rector de la UNAM, Guillermo
Soberón Acevedo, de quien no trasciende el monto del rescate.
El impacto de las acciones de la Liga, particularmente la de las
ejecuciones de policías, provoca una severa condena de legisladores del
Congreso de la Unión. Pero mientras Echeverría advertía al Excélsior que la
vida institucional de México no iba a ser socavada “por la violencia, la
arbitrariedad y por el crimen”, su futuro sucesor, López Portillo, mostraba, en
el dicho, una posición más moderada.
“No se debe caer en la trampa que trata de orillar a las fuerzas
organizadas del país a dar respuestas de desprestigio, como son las de la
represión, que mancharían la verticalidad de este régimen”, declaraba.
De pronto, un asunto político salta al horizonte nacional y da el tiro
de gracia a las expectativas de recuperación del grupo subversivo.
Sucede que el presidente Echeverría había enviado una iniciativa de ley
de amnistía al Congreso de la Unión. La propuesta beneficiaría a todas las
personas contra quienes se había ejercitado acción penal por los delitos de
sedición, invitación a la rebelión, resistencia a particulares y conexos,
cometidos durante el movimiento de 1968.
En marzo había iniciado la polémica que estará presente en los medios
periodísticos el resto de 1976. A su entrada Echeverría había promovido la
libertad bajo protesta de las muchachas y muchachos del 68 aún presos, pero
para el fin de su gobierno todos seguían encausados según la averiguación
previa 272/68 del fuero común.
La iniciativa tenía la clara intención de dejar a un lado a quienes
durante su mandato estaban acusados de cometer los mismos delitos pero que
habían actuado en organizaciones armadas. José Revueltas, Florencio Osuna, Raúl
Álvarez Garín, Roberto Escudero, Roberta Avendaño, Pablo Gómez y Eduardo Valle,
el Búho, a nombre de más de 40 activistas del 68, rechazan la ley de amnistía
por considerarla “parcial, insuficiente y tardía”.
¿Cómo iban a aceptar una amnistía que “amablemente” Echeverría les
otorgaba, mientras descabezaba sin piedad a militantes de la guerrilla?,
externa Eduardo Valle. Cómo aceptaríamos graciosamente la amnistía al tiempo
que les dejábamos libre para que asesinaran. No estábamos locos, por eso nos
reímos todos. Era un lazo de solidaridad moral, de reclamar que la violencia
del gobierno había generado la guerrilla.
De explicar que la guerrilla representaba un problema político social y
no solamente un problema militar y policiaco.
El tema de la posibilidad de una amnistía a quienes habían pertenecido
a grupos subversivos surge en medio de la indignación generalizada por el
ataque a la caseta policiaca de Ciudad Azteca. Sin embargo, las mujeres del
Comité de Familiares de Presos y Ex Presos Políticos y sus abogados Fernández
del Real y Andrade Gressler habían logrado el acercamiento con varias
agrupaciones de izquierda que, aunque tenían sentimientos encontrados, buscan
distender el asunto. El PCM, el PMT, la Liga Socialista, la Liga Comunista
Internacional, la Unión de Campesinos Independientes, demandan también que la
militancia guerrillera reciba la amnistía.
Eduardo Valle va más allá. Lanza en El Universal una acusación
temeraria contra el subsecretario de Gobernación, Gutiérrez Barrios, y contra
Nazar Haro. Los responsabiliza de cometer múltiples asesinatos de militantes de
la Liga. Echeverría no escucha sus inconformidades. Finalmente la ley, tal como
la presentó, es publicada en el Diario Oficial en mayo de 1976. Arrancado
junio, precisamente Nazar Haro y Gutiérrez Barrios echan a andar la leyenda
siniestra de la Brigada Blanca.
Fragmento del Libro: México Armado.
Laura Castellanos.
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